La secretaria Anticorrupción de la Presidencia, Dora
Ordóñez presentó una queja por escrito al Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la causa penal por el delito de peculado contra María Sol Larrea Sánchez y otros cinco procesados.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, compareció ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional para informar sobre los hechos que investiga la Institución, relacionados al paro nacional, ocurrido del 3 al 13 de octubre de 2019.
Consejo de la Judicatura (CJ) garantizó el acceso a los servicios de justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, durante las movilizaciones sociales registradas en Ecuador, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
Este este viernes 8 de noviembre de 2019, el Juez David Jacho declaró la culpabilidad de los 9 procesados, entre ellos el asambleísta Yofre P. y el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch, acusados del delito de paralización de un servicio público (SOTE).
Acompañado por Eduardo Ayala, director ejecutivo de la CTE, Pedro Pablo Duart, gobernador del Guayas, interpuso denuncia en contra de Elvis Alfredo Rivas Arias, notario 77 de Guayaquil, quien ayer miércoles, agredió física y verbalmente a varios agentes de la CTE en la vía Daule.
Los habitantes del cantón Colta, provincia de Chimborazo, retuvieron a tres ciudadanos extranjeros, quienes presuntamente se dedicaban al robo a personas, a vehículos particulates y de transporte público, así como al abigeato.
La Fiscalía General del Estado, la acusación particular y la defensa de los procesados presentaron los alegatos finales, en el cuarto día de audiencia de juicio de procedimiento directo en contra del asambleísta Jofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch. y siete personas más, por la paralización de un servicio público.
El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Richard Villagómez, desechó el recurso de apelación presentado por la defensa de los procesador.
La Fiscalía General de Estado, en coordinación con la Policía Nacional, allanó las instalaciones del edificio Sebastián de Benalcázar, ubicado a pocos metros de la Asamblea Nacional en el centro de Quito, la madrugada de este domingo 27 de octubre de 2019.
Fundamedios envió a la Fiscalia General del Estado, Defensoría del Pueblo y Corte Nacional de Justicia, información detallada sobre los 116 actos violentos en contra de la prensa y los 138 periodistas agredidos durante las protestas.
El monto que no habría sido justificado por los seis procesados asciende a 1’803.350 dólares. Es decir, no se encontraron equivalencias entre lo declarado al Servicio de Rentas Internas y lo ingresado al Sistema Financiero Nacional.
De las 80 cámaras afectadas, 36 cámaras resultaron inhabilitadas. Por ello, el ECU 911 presentó la denuncia en la Fiscalía de cada provincia, en donde tiene su base de operación.
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