La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con 13 votos, rechazó el recorte presupuestario a las Universidades del país y exigieron que el Ministerio de Finanzas restituya los valores que corresponden a educación superior.

En la sesión de hoy, los comisionados recibieron nuevos aportes respecto de las inconstitucionalidades contenidas en  el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en materia de seguridad social, gobiernos autónomos descentralizados, las competencias de los entes de control como la Contraloría y Fiscalía, así como las funciones asignadas al Ministerio de Finanzas.

El Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, precisó que es necesario devolverle la facultad de control previo de contratación pública a la Contraloría. En las disposiciones del proyecto se establecen distorsiones en el capítulo de reglas fiscales, medidas preventivas y correctivas, que podrían generar conflictos con las competencias del control público y las competencias con relación a los entes de control, enfatizó.

Expresó que en el proyecto se establecen imprecisiones respecto de las responsabilidades del Ministerio de Finanzas, en el campo presupuestario, y de las competencias en el tema sancionatorio de tipo legal. Aclaró que hay un solo ente de control que es la Contraloría, por tanto, no cabe aludir a organismos de control de cada entidad, lo cual genera confusión de competencias y sobre posición de instancias.

Celi señaló la necesidad de precisar el alcance del Ministerio de Finanzas que está orientado a correctivos presupuestarios, pero cuando se trata de responsabilidades y sanciones los dos órganos de control son la Fiscalía y Contraloría. El gran desafío es el fortalecimiento de la institucionalidad, no solo de la caja fiscal, sino la restructuración del Estado, a fin de eliminar el aparato obeso a través de la racionalización de la administración pública, precisó.

Así mismo, Manuel Fernández y Hernán Tenesaca, del Movimiento Nacional de Pensionistas, precisaron que el proyecto no guarda relación con el mandato constitucional, al plantear que la seguridad social forme parte del sector no financiero, violentando su autonomía administrativa y financiera. Manifestaron que el proyecto no debería ser tratado como urgente porque nada tiene que ver con la situación de emergencia sanitaria, lo que se quiere es otorgar mayores atribuciones al Ministerio de Finanzas para que pueda usar los fondos del IESS, Issfa e Isspol.

A su vez, Augusto Tandazo, analista constitucional, mencionó que el contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo no es urgente, en razón de que la normativa entra en aplicación luego de 180 días, otros lineamientos para el 2022, 2023. Lo único que se busca es dar una imagen a los organismos internacionales de que se está poniendo en orden la casa en materia fiscal, afirmó.

Dijo que a través de la propuesta no se promueve las inversiones nacionales para que sean más potentes, ni tampoco el ahorro interno necesario para las potenciar las finanzas