En el marco del tratamiento de las solicitudes de amnistías e indulto referentes a casos como San Pedro de Cañar, Mascarillas y 30s, la Comisión de Justicia abordó un tema de inquietud nacional: el hacinamiento y sobrepoblación carcelaria y la posibilidad de que algunos ciudadanos puedan ser liberados por razones estrictamente humanitarias, como una medida práctica y urgente para evitar contagios masivos de coronavirus en los centros de rehabilitación social.

En este punto coincidieron el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión; Juan Pablo Albán, docente universitario; Gina Gómez, de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos; y, Paúl Pérez, exfiscal del Estado. Los invitados reconocieron la facultad de la Asamblea para conceder este tipo de beneficios, acorde el mandato del artículo 120, numeral 13, de la Constitución y las normas internacionales, siempre que no se traten de delitos cometidos contra la administración pública o de graves violaciones a los derechos humanos.

Freddy Carrión expuso que el hacinamiento carcelario está en el orden del 35 %, al indicar que en el cárcel de Ambato hay más de 419 casos positivos de Covid-19, de un total de 616 personas, a lo que se incluye, de manera general, más de 30 agentes penitenciarios y del área administrativa contagiados, en razón de las difíciles condiciones sanitarias.

En tal sentido, sugirió implementar un indulto humanitario a favor de los adultos mayores, mujeres embarazadas o que viven con sus hijos en las cárceles, y personas con enfermedades catastróficas, recogiendo la experiencia de Chile.

Amnistías

Gina Gómez, de la Comisión de la Verdad y Paúl Pérez, exfiscal del Estado, expresaron que las figuras de la amnistía e indulto se aplican como elementos de paz social y reconciliación, tomando en cuenta el interés colectivo, el clima político y la alteración del orden constituido.

Entre tanto, Juan Pablo Albán, docente universitario y abogado en libre ejercicio profesional, comentó que en el tema de San Pedro de Cañar se debe considerar la Carta Magna, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconocen su autodeterminación, tradiciones y el sistema de justicia indígena. Es fundamental verificar las motivaciones desde una línea subjetiva en el ámbito político y que los dirigentes no se hayan extralimitado, agregó.

También observó que en el asunto Mascarillas se evidenció un acto de abuso de poder, del cual resultó la muerte de un ciudadano, lo que es caracterizado en el derecho internacional en el ábito de derechos humanos como una ejecución extrajudicial. Tesis que compartió el Defensor del Pueblo.

La mesa de Justicia recibió, además, a la señora Maruja Toro, madre de Santiago Villavivencio, quien guarda prisión por dos años y medio acusado del delito de minería ilegal.

Ella manifestó que tiene discapacidad, sufre de cáncer, que su situación económica es precaria y que su hijo era el único sustento del hogar. En medio de lágrimas, pidió que se le conceda un indulto de tipo humanitario.