Fotografía: Asamblea Nacional Ecuador

La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, con el voto unánime de los 11 asambleístas presentes, aprobó el cronograma para la investigación de la denuncia acerca de la presunta utilización de fondos públicos, por parte de varias empresas estatales, para financiar la campaña a favor del SÍ, en la consulta y referendo de 2018.

Para tal efecto, el organismo estableció una agenda de comparecencias, que tomará las sesiones de este viernes y de las próximas dos semanas, comenzando con los personeros de las empresas citadas en el artículo del portal La Posta: el viernes, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec); Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CREAR); Empresa Nacional Minera (ENAMI); y, Ecuador Estratégico; el lunes 29 de junio, Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave); Petroecuador; Petroamazonas; Fabricamos Ecuador (Fabrec); el miércoles 1 de julio, Casa para Todos; Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); Correos del Ecuador; y, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

El viernes 3 de julio, el organismo prevé recibir a Gustavo Baroja, David Tellez, Ricardo Rhon y Eduardo Mangas; y, finalmente, para el lunes 6 de julio, se recibiría a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin perjuicio de incluir nuevas comperecencias que sean solicitadas por los señores asambleístas en el curso de la investigación.

Al inicio de la sesión, los asambleístas escucharon al legislador Marcelo Simbaña, quien subrayó la necesidad de que la Comisión de Fiscalización indague la denuncia del portal La Posta, porque involucraría el uso ilegal e ilegítimo de fondos públicos a la campaña en meción, a través de empresas estatales.

Añadió que ha solicitado información, tanto a la Contraloría General del Estado, cuanto a la Fiscalía, al CNE y al Servicio de Rentas Internas, a fin de determinar cómo se manejaron los recursos de campaña de parte del Movimiento Alianza PAIS, que en los balances presentados al organismo electoral no superarían los 500 mil dólares. Es necesario que se auditen los patrimonios y la contabildiad de las emrpesas públicas mencionadas en la denuncia de La Posta, dijo.

De su lado, el periodista de investigación Andersson Boscán aseguró que la información que publicaron en su artículo «Arroz Moreno», está basada en testimonios, documentos y fuentes protegidas, pues se trata de algo concertado desde muy arriba, no en vano se conoce que las decisiones en torno a este tema fueron tomadas por el buró, lo que no se sabe es si corresponde al buró político de PAIS o al buró de Gobierno.

Ahora se quiere posicionar la idea de que se trataba de un simple presupuesto, para saber cuánto más o menos costaría una campaña por el SÍ, no obtante todos los movimientos que hacían esas empresas se reportaban al señor Jorge Wated, hoy presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Allí constan valores pagados, valores por pagar. Eso, para nada es un presupuesto, agregó.

De su lado, Luis Eduardo Vivanco, también periodista de la Posta, subrayó que se trata de un tema de gran trascendencia política y la Asamblea tiene la oportunidad histórica de investigar y llegar hasta las personas que mentalizaron este atraco a los fondos públicos, sancionarlas y sentar un precedente para que nunca más los fondos públicos, el dinero de los ecuatorianos, sea utilizado para cumplir con intereses personales de un grupo o una tendencia política en particular.

La Comisión también recibió al asambleísta Ronny Aleaga, quien recordó que el año pasado presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por el financiamiento ilegal de la campaña por el SÍ en la consulta y referendo de 2018.