Fotografía: Asamblea Nacional Ecuador

La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida temporalmente por el asambleísta Luis Pachala, escuchó a José Viejó, dirigente de los extrabajdores del Municipio de Guayaquil despedidos entre diciembre de 1991 y agosto de 1992, particularmente de los 3824 que tenían entre 20, 30, 35 y hasta 40 años de servicio, quienes no habrían recibido ni un solo centavo por concepto de indeminización.

Viejó aseguró que las autoriades de entonces actuaron al margen de la Constitución y leyes vigentes, no hubo ninguna norma que pudiese amparar a estos trabajadores, que fueron metidos en el mismo saco de aquellos que ingresaron por motivación política, acusados de piponazgo. No se respetaron los términos del contrato colectivo, ni ninguna otra garantía legal, insistió.

Indicó que en 1996, el Congreso Nacional aprobó una resolución por la cual dispuso a la Comisión de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto, que en la proforma de ese año incluya una partida de 2000 millones de sucres para el pago de una compensación social para los extrabajadores municipales.

Con el paso de los años, dijo, no contaban con ningún documento, pero en 2018 lograron que la Asamblea, a través de la expresidenta Elizabeth Cabezas Guerrero, les entregue copias certificadas de la documentación; se hizo el seguimiento respectivo y se verificó que en el Ministerio del Interior, que antes era de Gobierno, Policía y Municipalidades, sí constó esta partida. Sin embargo, después, el monto era de apenas 44 millones.

Los extrabajadores municipales pidieron que la Comisión convoque a las autoridades involucradas, a fin de que informen cuál fue el destino de esos reursos, porque jamás les pagaron, qué se hizo con ese dinero para que quede constania que existen solo 44 millones de sucres. «Lo que se hizo con nosotros fue una injusticia sin nombre», enfatizó José Viejó.

De su lado, el legislador Alberto Arias solicitó se convoque a los ministros de Finanzas, de Trabajo y un representante del Ministerio de Gobierno, para que den explicaciones al país sobre el destino de los fondos que pertenecen a 3824 extrabajadores que dieron parte de sus vidas por 20, 30, 40 y más años al Municipio de Guayaquil y salieron con las manos vacías.

Kits de alimentos

Finalmente, la Comisión recibió a Carlos Roberto Muñiz, administrador del contrato para la compra de 7000 kits de ayuda humanitaria, a un costo de un millón 55 mil 740 dólares, más Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte de la Scretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El funcionario explicó que cumplió con todo lo que le corresponde como administrador y, una vez verficada la falta de pago del anticipo, elevó un informe, con fecha 8 de mayo, para que se de por terminado unilaterlamente dicha contratación.