La Norma para la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, expedida, este 2 de julio, por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, permite a las organizaciones financieras del sector popular y solidario evaluar de manera individual la capacidad de pago del deudor, cuyos ingresos se han visto afectados por la pandemia, señaló Margarita Hernández, titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

En la conferencia virtual sobre “Sistema Financiero Popular y Solidario: Escenarios, Desafíos y Perspectivas durante el #COVID_19”, organizado por la Unión de Cooperativos de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR), Hernández dio a conocer la situación del sector económico popular y solidario y su importancia en la reactivación en la economía nacional.

Indicó que los entes de control y supervisión de las organizaciones del sector han generado cambios normativos para superar los distintos momentos de la crisis, por lo que se han establecido varias estrategias como el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, la suspensión de requerimientos de información, facilidades para la apertura de puntos de atención, reprogramación de cuotas de créditos, entre otras.

Explicó que, la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias puede ser solicitada por el deudor o por iniciativa de la entidad. Los deudores podrán acordar con sus entidades financieras nuevas condiciones para sus créditos como por ejemplo periodos de gracia, aumento de plazos, entre otros aspectos.

Para la aplicación de la medida, las organizaciones deberán generar una nueva tabla de amortización con las nuevas condiciones que deberán ser aceptadas por cualquier medio, al igual que se lo hizo en el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias.

En la nueva tabla de amortización se prohíbe el cobro de interés sobre interés generado o intereses de mora sobre el capital de los valores reprogramados. Las cuotas y obligaciones reprogramadas no causan, durante el plazo acordado, intereses moratorios, gastos, contribuciones, recargos ni multas. Todo esto debe ser analizado entre el deudor y el acreedor en el momento de la negociación.

La vigencia de la Norma será mientras dura el Estado de Excepción, decretado por el Ejecutivo, y hasta de 60 días después. Las obligaciones que no hayan sido pagadas durante el plazo de vigencia de la Resolución mantendrán su calificación, señaló la Superintendente.

Las operaciones generadas durante este periodo deberán ser atendidas de manera especial y oportuna por las organizaciones financieras populares y solidarias, y en los casos que presenten duda, la SEPS será quien atienda de manera colectiva e individual.

En cuanto a la situación del sector, sostuvo que este ente de control ha realizado varios análisis con escenarios catastróficos, por lo que aseguró que los organismos financieros de la economía popular y solidaria no presentarían una posición de liquidez en riesgo en los próximos 6 meses. Dentro del análisis, las pérdidas máximas que podría asumir para no tener problemas de solvencia son del 16,7% de la cartera de crédito, lo que ascendería  a USD 1.998 millones.

Finalmente manifestó que para minimizar el impacto del COVID- 19,  es necesario que los organismos tengan una creatividad positiva y emitir información transparente, que permita conocer su situación real para buscar alternativas de sostenibilidad.

Pablo Guerra, Gerente de UCACSUR, agradeció a la Superintendente y al ente de control por la comunicación directa y el apoyo permanente a las cooperativas, especialmente en este escenario, en donde se ha visto un control eficiente para mantener la solidez del sector.

Señaló que el objetivo común es mejorar las condiciones actuales de los socios, quienes en su mayoría son personas vulnerables que cuentan con ingresos diarios.