Romel Jurado Vargas

Sea cual sea el nuevo Presidente del Ecuador, la persona que ejerza ese cargo se enfrentará a una encrucijada político-institucional para llevar a cabo su plan de gobierno, que consiste en definir si aceptará y cogobernará con las autoridades nombradas durante el gobierno de Moreno a través del CPCCS-Transitorio, o si intentará designar nuevas autoridades que acompañen al nuevo gobierno en la resolución de los grandes desafíos que le esperan.

Sea cual sea el nuevo Presidente del Ecuador, la persona que ejerza ese cargo se enfrentará a una encrucijada político-institucional para llevar a cabo su plan de gobierno, que consiste en definir si aceptará y cogobernará con las autoridades nombradas durante el gobierno de Moreno a través del CPCCS-Transitorio, o si intentará designar nuevas autoridades que acompañen al nuevo gobierno en la resolución de los grandes desafíos que le esperan.Los partidarios de Moreno, por supuesto, harán todos los esfuerzos posibles para que se mantengan en el siguiente gobierno las autoridades que ahora están en funciones: Fiscal General, Contralor General, Procurador General, los miembros del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral (afines), del Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, los Superintendentes de Bancos, de Control de Poder de Mercado, de Compañías, de Ordenamiento Territorial, de Economía Popular y Solidaria, y el Defensor Público.

El Defensor del Pueblo es un caso aparte, porque ha demostrado no comulgar con las actuaciones del gobierno de Moreno. Dentro de los esfuerzos para evitar la remoción y nuevo nombramiento de esas autoridades por los miembros del CPCCS elegidos por el pueblo en 2019, la primera estrategia implementada por los partidarios del Presidente Moreno fue que la Corte Constitucional, nombrada por el CPCCS-Transitorio, apruebe un Dictamen Constitucional que impide revisar las decisiones para designar autoridades que tomó el CPCCS-Transitorio. Así, todas las autoridades nombradas durante el gobierno de Moreno quedaron protegidas de que el CPCCS, que está actualmente en funciones, revise la legalidad de dichas designaciones.Sin embargo, esa “protección”, que por ahora se sostiene en el control que el Gobierno tiene de la Policía, las Fuerzas Armadas y la mayoría de las instituciones públicas, no puede durar indefinidamente.

 Dicho simplemente, esa “protección” que provee el dictamen constitucional será eficaz mientras dure el gobierno del Presidente Moreno. Después del mandato de Moreno, nadie sabe qué podría pasar. Pero es muy probable que la dinámica de retaliación política, que habita nuestra imperfecta democracia, convierta a todas estas autoridades en el blanco de graves acusaciones judiciales durante el siguiente gobierno y los subsiguientes.

Ante esa probabilidad, los partidarios del gobierno de Moreno decidieron activar una estrategia de doble alcance para disminuir las posibilidades de que, en el siguiente gobierno, las actuales autoridades sean removidas fácilmente por el CPCCS que está en funciones.La primera parte de esa estrategia consiste en tramitar, en la Asamblea Nacional, un proyecto de enmienda constitucional que le quite al CPCCS la posibilidad de nombrar estas altas autoridades y trasladar esta competencia a la propia Asamblea Nacional. 

El cálculo que subyace a este proyecto de enmienda es muy simple pero bien elaborado: el próximo gobierno tendría que pagar un altísimo precio para poder lograr los 70 votos en la Asamblea, que le permitan cambiar a las autoridades nombradas durante el gobierno de Moreno. Lo cual sería todavía más difícil de alcanzar si, como se prevé, la Asamblea podría quedar muy fraccionada por la gran cantidad de fuerzas políticas que participarán en las próximas elecciones.

Todo lo cual, aumentaría las posibilidades de que las autoridades nombradas por el CPCCS-Transitorio durante el gobierno de Moreno, no sean removidas por la siguiente Asamblea.La segunda parte de esta estrategia es aún más radical, aunque persigue el mismo fin, y consiste en promover una reforma parcial de la Constitución destinada a eliminar el CPCCS, mediante un proceso de referéndum popular sobre un proyecto de reforma que también se tramita en la Asamblea Nacional.

Si cualquiera de estas dos iniciativas de los morenistas se concreta, el nuevo Presidente de la República tendría un escenario político muy adverso, en el que estaría expuesto a los siguientes riesgos:

1) Verse forzado a pagar los altos costos de conseguir 70 votos en la Asamblea Nacional, tantas veces como sean necesarias, para nombrar cada una de las nuevas altas autoridades. Autoridades en las que pueda confiar, y que le puedan acompañar en la implementación de su plan de gobierno.

2) Si no consigue los votos en la Asamblea, tendría que realizar pactos políticos con las autoridades que han cogobernado con Moreno. Lo cual implicaría una rapidísima pérdida de su capital político en términos de apoyo popular, pues, sin duda, la presencia de esas autoridades sería un signo inequívoco de continuismo entre el gobierno de Moreno y su gobierno.

3) Si pacta con los morenistas, quedaría expuesto a los bloqueos políticos y judiciales que las autoridades nombradas en el Gobierno de Moreno quieran imponerle, ya sea porque no coinciden con su plan de gobierno o sus objetivos, o ya sea para evitar cualquier investigación o acción judicial que pueda afectar sus propios intereses. 

4) Si el pacto con los morenistas se produce, el nuevo gobierno estaría a merced de los titulares de la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Nacional y la Corte Constitucional, por ejemplo; y, además, tendría una fuerte oposición en la Asamblea, la cual resentiría no haber participado de la reconfiguración política de la dirección de esas y otras instituciones públicas.

Por otra parte, si los morenistas no consiguen el objetivo de quitarle la competencia de elegir autoridades al CPCCS o de extinguirlo, la consolidación del poder del Presidente electo en 2021 y sus oportunidades reales de gobernabilidad pasarían, necesariamente, por establecer un acuerdo con la mayoría de los Consejeros del CPCCS, basado en las siguientes consideraciones estratégicas:

1. El CPCCS tiene las competencias constitucionales y legales para nombrar estas altas autoridades del Estado.

2. El nuevo Presidente puede declarar que el CPCCS-Transitorio violó la Constitución y las Leyes en los procesos de designación de las altas autoridades y pedirle al CPCCS que realice la correspondiente revisión de dichos nombramientos, para, de ser el caso, nombrar nuevas autoridades en el menor plazo posible, como ya se hizo en 2018-2019, pero con la diferencia de que en esta ocasión no se requiere realizar consulta popular, sino, simplemente aplicar la ley. 

3. La necesidad de supervivencia institucional del CPCCS así como la proyección política que podrían tener los 4 consejeros de mayoría que viabilicen este proceso de cambio de autoridades, serían un enorme estímulo para que este cuerpo colegiado, de apenas 7 miembros, se comprometa sin reparos en la tarea de renovación de autoridades, bajo el ala protectora del nuevo gobierno electo que controlará la capacidad coercitiva del Estado.

4. Los adversarios políticos del morenismo en la Asamblea Nacional apoyarían la destitución de autoridades nombradas por el CPCCS-Transitorio. Lo cual le daría un mayor grado de legitimidad y un mayor margen de gobernabilidad al nuevo Presidente, y facilitaría la realización de juicios políticos para quienes se resistan a la destitución dispuesta por el CPCCS. 

5. En ese contexto, las autoridades nombradas por el CPCCS-Transitorio, las cuales no tienen una estructura política propia que los sostenga en sus cargos, pueden optar por renunciar a ellos para evitar desgastes personales y acusaciones judiciales, o pueden elegir someterse al desgaste político que dirigirán contra ellos tanto el gobierno como los adversarios políticos del morenismo. 

En este ajedrez político institucional, para los actores políticos que gobiernan y cogobiernan con el Presidente Moreno, quitarle al CPCCS la competencia para designar altas autoridades de gobierno, equivale a matar al rey del tablero y ganar la partida. Los perdedores de la partida serán los actores políticos que no estén dispuestos a ser sometidos a la influencia de los morenistas en el siguiente gobierno, y también los consejeros del CPCCS, que habrán perdido la oportunidad de ser el eje de la política nacional en el primer año y medio del siguiente gobierno.Los ciudadanos comunes y corrientes, recién estamos entendiendo de qué va la partida y los movimientos que hacen los jugadores interesados, con relación al CPCCS que elegimos en las urnas en 2019.

En ese contexto, debemos presumir que nada sucede por casualidad en lo que respecta a esta institución, pues hay mucho que unos pueden perder y mucho que otros pueden ganar.

Romel Jurado Vargas 
Doctor en Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, Quito; Diplomado Superior en Ciencias Sociales, con mención en Derechos Humanos y Seguridad Democrática, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito; Magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito; estudios doctorales en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid.