Este martes. 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro UribeVélez, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

Según publicó el diario El Tiempo de Bogotá, Álvaro Uribe, de 68 años, es el protagonista de la vida política de Colombia de las últimas dos décadas. No solo fue electo presidente sino reelecto; puso a Santos en la Presidencia; luego a Duque; lideró victorioso la campaña del ‘No’ en el plebiscito al acuerdo de paz con las Farc y, además de su situación jurídica, según le ha dicho a sus cercanos, ya está trabajando para la campaña del 2022.

«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria»,señaló en su cuenta de twitter.

Uribe quien ha sido gobernador de Antoquia, concejal de Medellín, senador de la República durante dos períodos consecutivos (1986-1990 y 1990-1994), alcalde de Medellín y presidente de Colombia de 2002 al 2010, se  convierte en el primer exmandatario en enfrentar, en la historia moderna del país,  una medida de detención, según lo destacan los medios colombianos

Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada son acusados de soborno y fraude, delitos para los Colombia, según su legislación, establece prisión de hasta 12 años.

El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles. Pero en febrero de 2018, el Tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la Corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.

El actual mandatario colombiano Iván Duque, salió en defensa de Uribe y dijo esperar que “un expresidente de la República, cualquiera sea el expresidente, pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad, entre otras cosas porque es un principio del debido proceso, sobre todo para aquellas personas que han sido revestidas de honores merecidos y que han tenido las más altas dignidades. Ya nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad».