El Pleno de la Asamblea Nacional avanza en el primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, conocido como Ley de Extinción de Dominio. El informe fue elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.

El asambleísta Raúl Tello, ponente de la norma, indicó que el proyecto atiende la exigencia y el clamor nacional de que el Estado recupere los bienes obtenidos de manera ilícita, sostuvo que esto ha sido imposible no por la ausencia de leyes, sino por la falta de decisión, voluntad y transparencia de la justicia. “El pueblo mira con indignación como la frase cirugía mayor a la corrupción solo quedó en el discurso”, señaló.

Recalcó que frente a los altos índices de corrupción que enfrenta el país, en plena crisis sanitaria, es fundamental que Ecuador cuente, dentro de su marco jurídico, con una ley que permita reparar la afectación que le genera al Estado la corrupción y las actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, generando mecanismos fuera del ámbito penal que permitan actuar sobre bienes de procedencia ilícita o injustificada y, previo a un debido proceso, declarar su extinción a favor del Estado.  

Objetivo

La norma tiene como objetivo regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado, a favor del Estado. Además, establece su aplicación sobre dichos bienes localizados en Ecuador o los que estuvieren en territorio extranjero.

Durante su intervención hizo una explicación detallada sobre la norma, la naturaleza jurídica, principios, el procedimiento de la extinción de dominio, la competencia de la Fiscalía General del Estado, formas de cooperación, institucionalidad y destino de los recursos.

Debate

Durante el debate en el Pleno, los asambleístas coincidieron en que es necesario responder a las demandas del pueblo, quienes reclaman justicia y un combate frontal contra la corrupción. Indicaron que la ciudadanía no solo pide la privación de la libertad de quienes se llevan los recursos del Estado, sino la recuperación de lo robado.

Señalaron que mientras pocos gozan del dinero mal habido, esos recursos hacen tanta falta en esta época de crisis sanitaria, pues servirían para equipar una unidad de terapia intensiva o para la adquisición de medicamentos.

Los legisladores manifestaron, además, que el proyecto pretende atacar el narcotráfico, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y el crimen organizado. Así mismo, solicitaron que los procesos se hagan de forma transparente desde la incautación hasta la venta del bien para evitar la violación de derechos y del debido proceso, pidieron que el marco jurídico esté apegado a la Constitución y a normas internacionales.

Sin embargo, agregaron que no solo son necesarias las herramientas jurídicas para combatir la corrupción, pues consideraron necesario un cambio cultural en donde prime la ética y la honestidad, también mencionaron que sería conveniente trabajar en prevención y control.

Al mismo tiempo, los asambleístas señalaron que el proyecto permitirá la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado. Los valores serán invertidos en programas destinados a educación, salud y protección integral para niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Preocupaciones

Una de las preocupaciones de los asambleístas fue la creación de las unidades especializadas de extinción de dominio y los jueces y juezas especializados en esta materia, pues dijeron que esto debe ser coordinado con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía porque no se sabe si se contratarán nuevos jueces y se abrirán nuevas salas, con esto se aumentaría la burocracia, señalaron.

Al mismo tiempo, cuestionaron la creación del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, pues el Estado no es el mejor administrador de recursos.

Otros parlamentarios criticaron que, a pesar de que sí existen leyes para recuperar lo robado, estas no se hacen efectivas, por ejemplo, señalaron que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) prevé el comiso, incautación, técnicas especiales de investigación, asistencia judicial, entre otras figuras. También indicaron que ya existen cuatro proyectos de Ley relacionados con la extinción de dominio por lo que propusieron conformar un cuerpo normativo completo e integral.

Así también pidieron que en la normativa se especifique el procedimiento para recuperar los bienes de origen ilícito que se encuentran en manos de terceras personas o testaferros.

Tras la participación de 20 legisladores la sesión quedó suspendida, el Presidente de la Asamblea Nacional convocará a una nueva reunión para continuar con el debate.