Cómo nombrar a esa situación en la cual una persona a quien usted no conoce, ni goza de su confianza, se endeuda a su nombre y firma unos papeles que le obligan a destinar sus recursos a pagar un dinero que a usted en poco o nada le ha beneficiado. La respuesta es: expolio, que significa tomar los recursos de los vencidos como botín.

 Sin duda, usted, yo y nuestros familiares, vecinos y amigos, es decir casi la totalidad de ecuatorianos, hemos sido vencidos en la batalla por lograr una renegociación razonable de nuestras obligaciones financieras como país, en tiempos de coronavirus. 

Los vencedores son los tenedores nacionales y extranjeros de bonos y los funcionarios ecuatorianos que promovieron y, finalmente han logrado, la renegociación de la deuda externa en términos absolutamente perjudiciales para los ecuatorianos, aprovechándose de que estamos confinados y sin poder movilizarnos por la pandemia de la COVID-19.

Pero, qué tan terrible es la pérdida que estamos sufriendo y qué tan grande es el botín que toman los tenedores nacionales y extranjeros de bonos con la ayuda de los altos funcionarios del Ministerio de Finanzas.

Aunque la mayoría de las personas creen que esto se puede responder dando un par de cifras, la verdad es que la cosa no es tan simple. Y no lo es porque en toda batalla, sobre todo en las de deuda externa pública, siempre hay dos versiones sobre lo sucedido.

Así, hay una historia oficial que se cuenta por el ministro Richard Martínez y su equipo en los grandes medios de comunicación. En esta versión de la historia los tenedores de deuda son gente de negocios que hacen un esfuerzo por enriquecerse menos de lo que hubiesen podido, y que están dispuestos a alargar los plazos de pago de la deuda, para evitar que el Estado ecuatoriano sea un paria financiero al que nadie le preste dinero en el futuro.

La otra historia, la que no puede ser oficial, aunque sea válida, está contada por los luchadores sociales, académicos y economistas de organizaciones populares y no gubernamentales, y narra la injusticia, abuso y avaricia con que los “negociadores” estatales y los tenedores de deuda se han comportado en el proceso de renegociación de la deuda externa, para beneficiar a los tenedores de bonos y sacrificar las oportunidades de desarrollo humano de la gran mayoría de ecuatorianos.    

Posiblemente, la expresión más concisa de la versión popular, alternativa y no oficial de las oportunidades y problemas de la renegociación de la deuda externa del Ecuador, se encuentra en la carta pública que el pasado 30 de julio de 2020, le dirigieron los ciudadanos que conformaron la Comisión de Auditoría de Crédito Público al presidente, Lenin Moreno, y al ministro de Finanzas, Richard Martínez.

En esa carta, les indican a ambos funcionarios que, en marzo de 2020, el precio de los bonos de deuda externa en el mercado llegó a ser el 20% de su valor nominal. Es decir que, por cada dólar de deuda se podía pagar solo 20 centavos, para adquirir esos papeles en el mercado.

En ese contexto, una jugada inteligente y beneficiosa para el Ecuador habría sido destinar la liquidez que tenía el Estado para obtener esas obligaciones internacionales con un importante beneficio. Vale decir: usar el dinero disponible para adquirir esos papeles con un 80 % de descuento.

Pero la decisión “política” del presidente Moreno y del ministro Martínez fue usar la liquidez disponible, alrededor de 2000 millones de dólares, según estimaciones extraoficiales, para pagar capital e intereses de deudas vencidas a su valor nominal, e incluso hacer pagos anticipados de deudas e intereses, con el argumento de que eso nos vuelve buenos pagadores a ojos de los tenedores de deuda y en el futuro podremos tener “buenas” condiciones para renegociar nuestras obligaciones.

Pues bien, a los valores de marzo de 2020, con esos 2000 millones de dólares el Estado ecuatoriano hubiese podido adquirir papeles de deuda por 10000 millones de dólares en el mercado internacional. Esa operación nos habría beneficiado en 8000 millones de dólares a todos los ecuatorianos. Pero, esa oportunidad se perdió precisamente porque Moreno y Martínez destinaron los recursos disponibles del Estado a pagar capital e intereses a los tenedores de los bonos y lo hicieron a valor nominal.

Con esas señales económicas, los precios de la deuda externa subieron rápidamente, a favor de los tenedores de deuda. Así, a inicios de julio los precios ya alcanzaron el 40% de su valor nominal, y es muy probable que después de concluida la negociación con Ecuador el precio llegue fácilmente al 65% de su valor nominal. Es claro que alguien ganó miles de millones de dólares con la “política” de manejo de la deuda externa que Moreno y Martínez han implementado.  

Pero la cosa no acaba ahí, sino que en la propuesta de renegociación de la deuda que hace el Ministerio de Finanzas, a cargo de Martínez, se les ofrece a los acreedores un castigo de apenas el 9% sobre el valor nominal de los bonos que poseen. Es decir que el Ministerio de Finanzas se ha ofrecido, por iniciativa propia, a reconocer el 91% del valor nominal de esos bonos, sin tener en cuenta su precio real o de mercado.

Consecuentemente, si alguien hubiera comprado en el mercado 2000 millones de dólares en bonos ecuatorianos, entre marzo y agosto de 2020, a fecha actual esos papeles valdrían frente al Estado ecuatoriano la suma de 9100 millones de dólares. Es decir, que ese alguien habría ganado 7100 millones de dólares entre marzo y agosto de este año.

Los ciudadanos, luchadores sociales y académicos que se oponen a esta forma de renegociación han señalado además que, según el boletín oficial del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Finanzas, el país quedará endeudado por aproximadamente 13500 millones de dólares de capital, a un plazo promedio de 12,7 años y a un interés promedio de 5,3% anual, lo cual significa que pagaremos hasta el 2040 alrededor de 9080 millones de dólares por concepto de intereses con esta renegociación, por supuesto,  sin contar los miles de millones que ya hemos pagado hasta agosto de 2020.

Desde esta perspectiva, dejamos de ahorrar 7100 millones por no haber recomprado deuda al 20% de su valor nominal, y pagaremos 9080 millones en intereses por la renegociación realizada en agosto de 2020. Es decir que la pérdida para los ecuatorianos con esta renegociación de deuda externa pública es de alrededor de 16180 millones de dólares, que es el mismo monto de ganancias que obtendrán los tenedores de deuda nacionales y extranjeros, por efectos de revalorización de sus papeles y de la renegociación que han alcanzado gracias a la diligente actuación de Martínez y Moreno.

En este contexto, quienes cuentan esta versión de la historia de la renegociación de la deuda han señalado que esta viola el numeral 3 del Art. 290 de la Constitución, que señala: “Sólo (sic) se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador”.

En efecto, las condiciones de renegociación hubiesen sido totalmente más convenientes a las condiciones que se han concretado en agosto de 2020, a propuesta de Moreno y Martínez, si se hubiera recomprado deuda y si se hubiera renegociado a partir del valor de mercado de los papeles de deuda, como se hizo durante el Gobierno de Rafael Correa en 2008 y 2009. Por lo tanto, consideran que esta renegociación es inconstitucional, ilegal e inmoral, por lo que ya han anunciado el inicio de acciones legales para impugnar la validez de este proceso de renegociación, al amparo de lo establecido en el numeral 5 del Art. 290 de la Constitución.

Por otra parte, la versión oficial, difundida por el Ministro Martínez a través de los grandes medios de comunicación, sobre el proceso de renegociación de la deuda externa, promociona a este proceso como “beneficioso” para el Ecuador, aduciendo que con esto hemos obtenido tiempo y mejores tasas de interés para cumplir nuestras obligaciones internacionales.

En esta versión no se hace ninguna referencia a las oportunidades de recompra de bonos a precio de mercado que teníamos, ni al antecedente de recompra de 2008-2009, ni al precio de mercado de la deuda en marzo de 2020, como elementos a considerar en la renegociación de la misma.

Lo que sí se menciona es que el capital nominal de la deuda se reducirá en un 9%, aproximadamente 1540 millones de dólares; que las tasas de interés serán del 5,3% en promedio, a diferencia del 9,2% en promedio que teníamos hasta ahora; y, que el plazo de cumplimiento de las obligaciones se amplía de 6,1 años en promedio a 12,7 años.

Se anunció también, que no habrá anatocismo (pago de intereses sobre los intereses adeudados) respecto de los más de 1000 millones de dólares que no han sido pagados en concepto de intereses entre marzo y agosto de 2020, dinero que será pagado entre 2026 y 2030.

Finalmente, aunque el Ministerio de Finanzas no se atreve a publicar la cifra exacta que pagaremos en concepto de intereses por efectos de esta renegociación de deuda pública externa, tampoco ha desmentido los cálculos que estiman que, serán alrededor de los 9000 millones de dólares por pago de intereses, hasta el año 2040.