“Este día no ha ganado la Fiscalía General del Estado, todo el Ecuador ha sido vencedor porque la justicia se está inaugurando en el país, que sea un mensaje claro, que no importa desde las más altas estructuras del poder, la Ley es para todos, no hay nadie sobre la Ley”, afirmó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

La Fiscalía a partir de este momento y toda vez que 10 jueces han confirmado la teoría de Fiscalía, continuará con su trabajo investigando otros casos que también ameritan la atención de nuestra institución, tras agradecer el trabajo de todo el equipo de la Fiscalía.

“Hoy, Ecuador es un país más justo, hoy ganamos todos los ecuatorianos. Son tres tribunales nacionales los que han confirmado que hubo una estructura criminal al servicio de un partido político, el cohecho en el Caso Sobornos 2012 – 2016 es indiscutible”, señaló

Tribunal Penal declaró improcedentes recursos de casación presentados por 16 sentenciados

Luego de analizar los argumentos presentados por las partes procesales durante la audiencia, el Tribunal de la Corte Nacional –con voto de mayoría– acogió el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y declaró improcedentes los recursos de casación presentados por dieciséis de los sentenciados en el Caso Soborno 2012-2016, al no haberse justificado con suficiencia técnica, ninguna de las alegaciones.

Además, el Tribunal –de oficio– decidió casar la sentencia en dos casos: por errónea interpretación con relación a Pamela M., señalando que la correcta pena es de nueve meses y quince días, tomando en cuenta su cooperación eficaz; y, por indebida aplicación de la norma respecto a Alberto H., quien es considerado como autor directo. Por lo tanto, la sentencia se reformó en esos dos puntos.

Con esta decisión, se ratifica la sentencia emitida por el Tribunal de apelación en la que se dispuso una pena de ocho años para diecisiete de los procesados (entre ellos el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G. y varios exministros de Estado), y tres meses y seis días para Laura T.

Los magistrados Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, durante dos días, escucharon los argumentos de las defensas de los dieciséis recurrentes, argumentos que fueron refutados de forma técnica y jurídica por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez.

De toda la resolución, el juez Ávila se apartó en dos puntos. Señaló que, desde su interpretación jurídica, para los sentenciados Viviana B. y Christian V. debía ratificarse el estado de inocencia, por lo que –en esos particulares– dio su voto salvado, coincidiendo en el resto de apartados con los otros dos magistrados.

En esta última instancia judicial, el Tribunal revisó la correcta aplicación de la norma y señaló que, en las instancias previas, los juzgadores interpretaron la normativa de forma adecuada, respecto al tipo penal y la agravante de haber actuado en pandilla. En ese sentido, añadió que cada uno de los partícipes tuvo un rol para que exista coordinación en la comisión del delito.

La investigación de Fiscalía determinó –y comprobó ante los jueces– que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016, con lo que se habría pagado servicios para el movimiento político del gobierno anterior y que, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.

En las dos instancias previas (juicio y apelación), los jueces aceptaron esta tesis y resolvieron la causa motivadamente, luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscal General del Estado. (I)