Dos años y medio después de que la Contraloría General del Estado notificó a Carlos Ochoa con su destitución, por el supuesto cobro ilegal de sueldos por montos superiores al autorizado en el sector público, cuando laboró como Director Nacional de Noticias de Gamavisión.

En su pronunciamiento, la Fiscalía determinó el carácter privado de la empresa, dejando sin sustento legal la actuación de la Contraloría, acción que, a su vez, sirvió como antecedente jurídico por la que, en marzo de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS transitorio, bajo la presidencia del extinto César Trujillo, destituyó a Ochoa del cargo de Superintendente de Información y Comunicación.

La Contraloría aseguró que Ochoa, entre el 2010 y 2013. había recibido remuneraciones por alrededor de 94.000 dólares como Director de Noticias de hasta entonces incautado canal de noticias y que posteriormente fue declarado medio público.

Según Fiscalía, “ha quedado demostrado con claridad meridiana que el canal Gamavisión,  como institución de derecho privado, estaba en la potestad de regular sueldos, beneficios, y salarios, a favor de sus trabajadores y directivos, y este pago de sueldos no afectó al erario nacional, ya que jamás existió una asignación de recursos estatales a favor de la empresa, por lo que, los hechos dados a conocer por la Contraloría no constituyen delito, por lo que se solicita se ordene el archivo de la presente investigación”.

En reiteradas ocasiones, Ochoa cuestionó la ilegalidad de la actuación de la Contraloría y del CPCCS, y defendió el carácter privado de Gamavisión, por lo que calificó de persecución política e inconstitucional su destitución.  Luego de dos años y medio la Fiscalía le da la razón.