Redacción: Romel Jurado 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un mecanismo internacional de protección y promoción de los derechos humanos que se activa principalmente para cumplir dos trascendentales propósitos:

El primero, es conocer y procesar violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobernantes, las fuerzas de seguridad y los miembros de las Funciones estatales en contra de los ciudadanos que están bajo su jurisdicción, y que no han recibido justicia dentro de sus propios Estados.

El segundo, es recordar a todos quienes ejercen el poder del Estado y a la sociedad en su conjunto que, el uso del poder y la autoridad públicos solo tienen sentido y razón de ser, si sirven para la realización plena e integral de los derechos humanos en la vida cotidiana de las personas.

Por lo tanto, si el poder del Estado se usa para violar los derechos de los ciudadanos, esta conducta le quita toda legitimidad a quien ejerce el poder y lo convierte en un criminal contra las víctimas concretas a las que afecta, pero también contra la democracia y el Estado de Derecho, bajo cuyos parámetros los gobernantes deben ejercer el poder, y los ciudadanos deben acatar y respetar los actos legítimos del poder democráticamente configurado y legalmente ejercido.   

Desde esta perspectiva, la CIDH es un mecanismo de protección internacional que se activa cuando los mecanismos internos de cada Estado no han logrado cumplir sus responsabilidades de: proteger a los ciudadanos de los abusos del poder; procesar y sancionar a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos; y, reparar integralmente a las víctimas de las violaciones generadas por los agentes o funcionarios estatales.

La CIDH ha sido históricamente una esperanza de obtener justicia y protección para los ciudadanos de América Latina que han sufrido regímenes dictatoriales y autoritarios, y por esa misma razón estos gobernantes y sus operadores de la violencia han tratado de rehuir la intervención de la CIDH o de debilitar su funcionamiento.

En ese contexto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha protagonizado un acto de injerencia que no tiene precedente en los 61 años de historia de la CIDH, al negarse a canalizar el nombramiento de su Secretario Ejecutivo, electo por unanimidad.

Este hecho fue repudiado por todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de agosto de 2020, y calificaron la actuación de Luis Almagro como un grave embate contra su autonomía e independencia. También expresaron su preocupación de que los estándares de exigibilidad de los derechos humanos que los Estados deben mantener, gracias al trabajo de la CIDH, puedan resultar afectados si esta intromisión ilegítima llega a convalidarse.

Inmediatamente de conocida esta situación, un gran número de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos, una gran cantidad de personalidades reconocidas por su trabajo en favor de los derechos humanos, académicos, intelectuales y ciudadanos han hecho pública su solidaridad con la CIDH, con la defensa de su autonomía y han repudiado a Almagro y su voluntad de colonizar, mediante una estrategia de lawfare o guerra jurídica, a este bastión institucional de defensa y protección de los derechos humanos.

El temor que los defensores de derechos humanos compartimos en toda América Latina es que el Secretario de la OEA, que es un reconocido colaboracionista de la política norteamericana para frenar el avance de procesos progresistas en los países de la región, busque entorpecer el trabajo de la CIDH con relación al examen y procesamiento de las sistemáticas violaciones de los derechos civiles y políticos que se han realizado contra líderes y militantes de movimientos progresistas en Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras y otros países del continente.

En efecto el uso extendido del lawfare o guerra jurídica en contra de reconocidos líderes latinoamericanos hasta llegar a condenas penales infundadas; la represión brutal a la protestas social, que ha costado decenas de vidas, miles de heridos y miles de detenidos en varios países de la región incluyendo a Chile; la coordinación de los perpetradores de estas infracciones con los grandes medios de comunicación y los gobernantes de turno, para producir una versión oficial y hegemónica de cada proceso judicial, de cada operativo con uso excesivo de la fuerza y de cada detención ilegal que han realizado; y, la agresiva implantación de medidas neoliberales en el marco de Estados de Excepción declarados por la pandemia de la Covid-19, que limitan los derechos de reunión, asociación, tránsito e información de los ciudadanos para bloquear toda reacción social, son asuntos que ya han sido puestos a consideración de la CIDH y que seguirán formando parte de su agenda de trabajo si logra mantener su autonomía.

Es preciso que los ciudadanos comunes más allá de sus preferencias, afectos y desafectos puedan expresar su solidaridad con la CIDH, y exigir a los Ministros de Exteriores de sus Estados la inmediata y frontal protesta contra las actuaciones del Secretario de la OEA y sus oscuras pretensiones de injerencia en este organismo. Sin ese respaldo ciudadano, es muy posible que Almagro logre su propósito con el aplauso de aquellos gobiernos que son autores de estas graves violaciones de derechos humanos.