Luego de una caravana realizada desde el parque forestal (Av. Quito y El Oro) hasta la Complejo Judicial de la Florida, en Guayaquil, se entregó la demanda de inconstitucionalidad del art.7 del reglamento de veedurías, motivo por el cual no se realizan veedurías en el Ecuador.

Lo que se quiere es que se permita a los veedores cobrar de lo que se recupere en los casos fraudulentos, en especial en las compras públicas, esto permitirá fomentar la participación ciudadana en la fiscalización de los actos públicos, en especial de los profesionales y los jubilados, obteniendo el beneficio que ofrece la Ley Anticorrupción firmada el 15 de diciembre del 2020, señala el PH.D Iván Tutillo Arcentales
Director Provincial del Movimiento Renovación Lista 61.

Motivación
Los actos de corrupción son muchos y son pocos los que aparecen documentados en la televisión, esto es porque pocos investigan. Los veedores que existen lo hacen para la televisión o para apoyar un caso en particular que luego cobraran como honorarios y esto es porque el art.7 del reglamento de veedurías expresa que “debe ser una contribución cívica”, ha sido declarada como un trabajo gratuito lo cual es inconstitucional (art.33 de la constitución), además que coharta el derecho de hacer veedurías ya que no incentiva a la participación ciudadana (art. 204 constitución) y lo pone la misma entidad que debe fomentar e incentivar la participación ciudadana.

Conclusión
En caso de conseguir la inconstitucionalidad del art.7 del reglamento de veedurías, los veedores podrán iniciar un proceso de fiscalización de los actos públicos y acogerse a la Ley Anticorrupción firmada el 15 de diciembre que en su artículo 18 reformula los incentivos por denuncia efectiva de que permitan la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada; obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado; enriquecimiento privado no justificado y producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El incentivo de la ley es desde el 10% hasta el 20% (art.18 Ley Anticorrupción), también a la reserva de identidad (art.17 Ley Anticorrupción). (I)