El funcionario cuestiona que no hay transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras ocho mil vacunas contra la COVID-19.

La falta de transparencia en el proceso de las vacunas y el supuesto tráfico de influencias por la entrega de dosis a una residencia privada de adultos mayores son, entre otros los argumentos que tiene el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, para pedir al enjuiciamiento político del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, “por existir causales claras de incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley”.

Carrión remitió este martes un exhorto a la Asamblea Nacional para que, al amparo del artículo 131 de la Constitución, se proceda al juicio político. El funcionario también pidió al presidente Lenín Moreno el pedido de remoción del ministro quien recibió el respaldo gubernamental.

Consideró “intolerable” que desde los primeros días se haya conocido de casos en los que se ha dado prioridad para la aplicación de la primera dosis de la vacuna de la Covid-19 a autoridades y directivos del sistema de salud que no se encuentran en primera línea de atención como el Ministro de Salud o la Directora de Comunicación del HCAM, y que, el personal médico que atiende en las UCI, hospitalización y triaje haya tenido que realizar su reclamo para ser considerado dentro del plan de vacunación.

Se suma la denuncia en redes sociales y medios de comunicación de que una brigada de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez, con la presencia del Ministro Cevallos, se trasladaron con dosis contra covid-19 a una residencia privada de adultos mayores, el sábado 23 de enero del 2021, en la que se encuentran familiares del ministro Juan Carlos Zevallos.

 El Defensor recordó que un medio de comunicación consultó a Zevallos sobre si es real que él tiene un familiar en la residencia de adultos mayores ubicada en Cumbayá, a lo que respondió  «no solo un familiar, varios familiares».  Esto, dijo, Carrión,  preocupa severamente por la discrecionalidad y privilegios con los que se estaría tomando decisiones y que podría llegar a configurar una responsabilidad política o incluso penal.