El presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Pablo Celi; la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint; el Defensor Público Ángel Torres Machuca; y, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, presentaron este jueves, ante la Asamblea Nacional, su informe de labores correspondiente al año 2020.

La rendición de cuentas la realizaron en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dispone que “el Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año”.

Pablo Celi, presidente de la Función de Transparencia y Control Social

La ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, pese a las limitaciones presupuestarias por los efectos de la crisis sanitaria, fue parte de la gestión destacada por Pablo Celi, presidente de la Función de Transparencia y Control Social y contralor del Estado, en su informe de labores.

Puntualizó que el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción se desarrolla en tres ejes: generación de integralidad de gestión con fondos públicos; impulso de la acción ciudadana en la incidencia social en lo público; y fortalecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre instituciones públicas y privadas.

Celi afirmó que se efectuaron 13 494 acciones de control durante 2020, mismas que derivaron en el establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles e inclusive penales; se aplicaron 6 939 sanciones civiles, entre multas, destituciones y glosas. Así mismo, se trasladaron a la Fiscalía General de Estado 388 casos de posibles responsabilidades penales, a fin de que se ejerzan las acciones previstas en la ley.

La lucha contra la corrupción en el tema principal de la fiscal Salazar

La principal de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, destacó que la transparencia, efectividad e innovación son los tres ejes centrales de la gestión de la institución. Precisó que el combate al fenómeno estructural de la corrupción es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y ratificó el compromiso de luchar decididamente contra la corrupción a todo nivel. Llamó a legislar, en todo instante, a favor del interés público sin dar tregua a la impunidad.

Entre los puntos a resaltar, señaló que la tasa actual de fiscales en nuestro país es de 4,7 por cada cien mil habitantes, siendo ocho lo recomendado para la Región y 12 a escala mundial, al subrayar que se requeriría incorporar al menos 573 agentes fiscales más, con sus respectivos secretarios y asistentes. En año 2020 se crearon 17 fiscalías a lo largo del territorio ecuatoriano, según el informe.

Las justificaciones de la presidenta del CNE

La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, se refirió a la cuestionada organización de las Elecciones Generales 2021, justificando un entorno marcado por tres crisis: sanitaria, económica y social.

Remarcó que el presupuesto operativo de las Elecciones 2021 se fijó en 91 060 644 dólares y explicó que para las elecciones existen varias modificaciones ligadas al Código de la Democracia y otras como el voto en plancha, cambio al método de Webster, implementación de debates obligatorios y sanciones drásticas contra la violencia política de género.

La judicatura priorizó el trabajo a favor de las mujeres víctimas de violencia, así como a niñas, niños y adolescentes.

La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, defendió la transparencia y rigurosidad del concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes son los encargados de administrar justicia en el país. 

enfocó su intervención en cuatro ejes de acción: lucha contra la corrupción; fortalecimiento institucional; independencia judicial y control disciplinario; y, fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Indicó que, durante la pandemia por COVID-19, la institución continúo dando su servicio con 250 unidades judiciales a nivel nacional para atender casos de flagrancia. Se receptaron 10 mil nuevas causas ingresadas a través de la oficina judicial electrónica; se extendió más de 2000 boletas de excarcelación y prelibertad; el 61 % de adolescentes infractores recibieron la prelibertad dentro del cumplimiento del debido proceso; además, 770 mil beneficiarios recibieron el pago oportuno de pensiones alimenticias.

El Pleno de la Asamblea Nacional podrá designar una comisión especializada para que analice los informes presentados. Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario.