El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, presentó este martes 23 de marzo, una denuncia por el supuesto delito de “lesa humanidad” en contra del presidente Lenín Moreno y otras autoridades de primera línea. La acción judicial se relaciona con la posible violación a los derechos humanos que se determinan en un informe presentado por una comisión especial conformada para investigar los hechos de octubre de 2019 cuando se registró el levantamiento indígena.

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, La investigación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia analizó 519 testimonios, de esos 249 corresponderían a vulneraciones a los derechos humanos, presuntamente, perpetradas por agentes estatales, por lo que el carácter generalizado del ataque contra la población civil y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales configuran el delito de lesa humanidad.

 “Violaciones al derecho a la integridad personal con lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual, fue la tónica de las protestas de octubre de 2019. Ningún proceso de reconciliación nacional es posible sin antes establecer la debida justicia y garantías de reparación a las víctimas de octubre”, señaló el Defensor, tras dar a conocer que él y su familia han sido víctimas de amenazas de muerte desde que se inició la investigación de lo sucedido en las protestas sociales de 2019.

Con el resultado del informe, la Defensoría del Pueblo considera que hay suficientes pruebas e informes para investigar un presunto cometimiento del delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, presidente de la República; María Paula Romo, exministra de Gobierno; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, para quienes solicitó la prohibición de salida del país.

También requirió el arraigo de: Nelson Villegas, excomandante general de la Policía; Lenin Bolaños, exjefe del Estado Mayor de la Policía; María Fernanda Tamayo, exinspectora General de la Policía; Hernán Carrillo, exdirector General de Operaciones de la Policía; y, Víctor Aráus, excomandante de la Zona 9, en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado se requiere la activación de los mecanismos de cooperación penal internacional para identificar el paradero exacto de María Paula Romo.

También se solicitó que, de manera urgente y prioritaria, se ingrese al Defensor del Pueblo y a su familia al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal. “Ante las múltiples amenazas contra mi integridad física y la de mi familia, es fundamental contar con protección especializada para cumplir cabalmente mi función”, indicó el Defensor.