La Comisión de Garantías Constitucionales, por delegación del Pleno de la Asamblea, será la encargada de realizar la investigación sobre la denuncia periodística.

Este lunes, la Asamblea Nacional realizará sobre la denuncia periodística conocida como los “Pandorapapers” que develó, con la filtración de 12 millones de documentos, la existencia de redes mundiales que han permitido a 330 políticos, celebridades y mover sus dineros a paraísos fiscales, u offshore, en la mayoría de los casos para evadir impuestos o esconder sus riquezas.

La investigación citó a tres actuales mandatarios; el chileno Sebastián Piñeira; el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader; y, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Según lo han publicado medios internacionales, Lasso, que fue empresario y banquero, ha tenido vínculos con más de 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, según revela The Washington Post.

 La filtración revela que Lasso reemplazó una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en EE.UU.

 De acuerdo a The Washington Post, Lasso autorizó la transferencia de empresas a dos nuevos fideicomisos creados en Dakota del Sur en 2017.

 El presidente sostiene que no tiene «ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo» con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana.

 El Pleno de la Asamblea de Ecuador, con los votos de una mayoría, decidió que la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que efectúe la investigación correspondiente del caso.

 Previamente, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio había anunciado una investigación y una reunión, atendiendo un pedido del propio presidente para la mañana de este lunes.

 Con base a lo aprobado por el Pleno del Legislativo, la presidenta LLori no autorizó el pedido de Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, para realizar mediante vía telemática y presencial en el Palacio de Gobierno la Sesión que había previsto para conocer este caso.

El Pleno también dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información y/o documentación relacionada con la investigación periodística de los “Pandora Papers”, a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento de este proceso de fiscalización.

La Comisión de Garantías Constitucionales deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin esclarecer la vinculación del Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de este caso, relacionado con depósitos de dinero en paraísos fiscales.

Una vez concluida la investigación, la Comisión elaborará un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para lo cual tendrá un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación.